El Gobierno removió a Marta Elena Castañón, responsable de dos registros automotores de Lomas de Zamora, luego de establecer que no se habían transferido al Estado remanentes de recaudación. La medida quedó formalizada en la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N.º 5 y al registro de motovehículos Letra A.

La investigación administrativa se había iniciado en 2025 para determinar responsabilidades por irregularidades en la gestión de ambas oficinas. Los períodos observados abarcan desde julio de 2024 hasta febrero de 2025, y en algunos meses los montos pendientes superaron los $18 millones. El expediente cuestionó que los fondos recaudados no fueran depositados íntegra y oportunamente en favor de la Administración Nacional.
En su descargo, Castañón sostuvo que la falta de depósitos respondía a dificultades económicas del registro y no a una apropiación o desvío de dinero. También afirmó que había solicitado regularizar la deuda mediante pagos escalonados y señaló que otros registros atravesaban problemas similares. La instrucción rechazó esa explicación y sostuvo que los remanentes pertenecen al Estado desde que se perciben; además, consideró que las dificultades financieras de la gestión no habilitan a retenerlos ni destinarlos a otros fines.
El cálculo inicial del perjuicio fiscal había sido de $735 millones, pero un informe técnico posterior de la Sindicatura General de la Nación actualizó la estimación a más de $117 millones al 15 de septiembre de 2026. Sobre esa base, el Ministerio instruyó a las áreas correspondientes a iniciar las gestiones administrativas y judiciales para recuperar los fondos. La resolución calificó el impacto económico como de relevancia significativa.
Los hechos también se investigan en una causa por presunta defraudación que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora. La decisión administrativa no equivale a una condena penal: el expediente judicial continúa su curso y la resolución ministerial señala que la vía administrativa no está agotada. Castañón puede presentar recursos de reconsideración o jerárquicos para impugnar la medida.
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