Escucha Fm | La Radio de la familia Tortuguitas – Malvinas Argentinas
El fondo Burford Capital, que financia el juicio por la violación del estatuto de YPF al momento de su expropiación, sigue inflando su balance con ganancias que le reporta el caso, cada vez más importante para sus accionistas.
Mientras tanto, en Nueva York, Estados Unidos, la jueza Loretta Preska -a pedido de los demandantes- sigue insistiendo con acceder a los chats y mails de funcionarios argentinos, como los del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor Sergio Massa.
Este miércoles, la firma informó ante sus inversores los resultados del tercer trimestre de 2025, en el que tuvo una pérdida global de US$ 20 millones. No obstante, anotó por su tenencia en el caso YPF «ganancias no realizadas» por US$ 55,4 millones entre julio y septiembre, y lleva US$ 236,3 millones en todo el año por ese concepto.
La empresa especializada en servicios financieros vinculados a litigios considera que el juicio le reportará ganancias de diez cifras, pero todavía mantiene sus riesgos de salir mal. Las tenencias sobre los casos Petersen (35% de US$ 14.500 millones) y Eton Park (82% de US$ 1.600 millones) equivalen a unos US$ 6.400 millones.
No obstante, el «valor justo» contable presentado en el balance es de US$ 1.664 millones, casi US$ 200 millones más que a fines de 2024.
Tan esencial se volvieron los activos de YPF en el balance de Burford Capital que su presentación ante inversores arrancó repasando las últimas novedades de ese caso, que en la última semana golpearon su valor de mercado.
«El mercado parece haberse inquietado un poco ante el riesgo de que el caso sea desestimado. Sería extraordinario que el tribunal de apelaciones lo hiciera, y discrepara de las resoluciones de la jueza de primera instancia (Preska), al tiempo que concluyera que abusó de su discreción», explicó el fondo.
«Sería excepcional que este caso fuera desestimado por los tribunales estadounidenses en este momento y remitido a Argentina por motivos formales. Y, aun así, dicho sea de paso, no sería el fin del caso. El mercado parece haber reaccionado de forma exagerada a los argumentos de apelación», avisó Burford.
Y agregó: «Como dijimos en nuestro comunicado previo a la audiencia, intentar predecir el resultado en una audiencia oral es arriesgado. Por supuesto, sería ideal que todos los jueces entraran y dijeran en voz alta y al unísono: ‘¡Por supuesto que ganan!’. Pero así no funciona el proceso. Los jueces hacen preguntas incisivas a ambas partes como parte del proceso».
La semana pasada, en la audiencia de apelación a la sentencia que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones más intereses, se abrió la posibilidad de que se anulara el juicio, al haberse hecho en el «foro no conveniente». Es decir, que los magistrados analizarán si el caso se debió haber tratado en Argentina, al afectar derecho privado de una empresa local.
Ante eso, el CEO de Burford, Christopher Bogart, declaró: «Burford está experimentando un fuerte crecimiento, superior al necesario para duplicar su tamaño hacia 2030. Nuestra cartera genera atractivos flujos de caja y tiene 61 activos generando ingresos en lo que va del año. El caso de YPF está acaparando mucha atención, y somos optimistas respecto a sus perspectivas».
«Al mismo tiempo, la mayor parte del negocio de Burford no está relacionada con YPF y también está prosperando y creciendo», matizó.
Los chats de Massa y Caputo
Por otro lado, este martes 4 hubo una nueva audiencia en el juzgado de Preska para dar continuidad a la solicitud de «discovery» (descubrimiento) de comunicaciones. Los demandantes quieren probar que YPF, entre otras empresas, es alter ego del Estado argentino, para embargar a la petrolera y sus activos.
De tal forma, buscan acceder a las comunicaciones de 35 funcionarios y exfuncionarios. Por ejemplo, quieren saber si influyeron o influyen en el precio de los combustibles (nafta y gasoil) o en la decisión de inversiones por motivos políticos.
En ese sentido, los síndicos de la quiebra de Petersen denunciaron un «incumplimiento total» por parte de la Argentina, que pidió tiempo para producir esa documentación hasta el 21 de noviembre. El Estado se comprometió a avisar el próximo lunes 10 quiénes van a cooperar, pero no puede secuestrar «de hecho» los teléfonos y computadoras de los implicados.
Los abogados de la defensa advirtieron que no pueden garantizar la preservación de las comunicaciones y la jueza, a partir del viernes 21, ya podría alegar que la Argentina desacató sus órdenes.
Fuentes oficiales informaron a Clarín que «la Argentina sigue con voluntad de cooperar y, probablemente, la semana que viene habrá novedades».
SN
