El gobierno de Javier Milei mantiene como objetivo innegociable preservar el superávit fiscal a toda costa como pilar fundamental de la estabilidad económica. Sin embargo, esta estrategia enfrenta un fuerte contraataque debido a la significativa caída de la recaudación, que en junio disminuyó un 7,4% respecto al mismo mes del año anterior, sin considerar el impacto de la inflación.

Ante este escenario, el equipo económico de Milei busca continuar con los ajustes en el gasto público, enfocándose ahora en dos áreas conflictivas con los gobernadores provinciales: los subsidios al gas en la denominada «zona fría» y los subsidios al transporte público en el interior del país.
Una de las primeras tareas del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con los senadores de La Libertad Avanza (LLA) y otros bloques aliados, es impulsar cambios en el régimen de la Zona Fría. Esta reforma podría generar un ahorro fiscal cercano a los 200.000 millones de pesos, equivalentes al 0,02% del Producto Interno Bruto (PIB).
No obstante, pocos gobernadores —en algunos casos líderes políticos de los senadores involucrados— están dispuestos a acompañar una reducción de subsidios que afectaría a 1.700.000 hogares en sus provincias, a pesar de que estos hogares reciben ingresos familiares superiores a los 4,5 millones de pesos mensuales.
Como parte de la negociación, el oficialismo ofrece compensaciones a las provincias del Noreste Argentino (NEA) mediante un «subsidio al aire acondicionado», que implica descuentos adicionales en el consumo de energía eléctrica durante el verano.
Esta es la tercera vez que el gobierno de Milei intenta recortar los subsidios cruzados al consumo de gas en zonas frías. Anteriormente fracasó tanto en la discusión de la Ley de Bases en 2024 como con el Presupuesto 2026. Sin embargo, esta vez, con un Congreso más favorable al oficialismo tras la renovación legislativa, el proyecto consiguió media sanción en la Cámara de Diputados en mayo, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Por ello, Santilli y la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, buscan cerrar ahora la aprobación definitiva en el Senado.
El proyecto propone limitar el beneficio automático de los subsidios a las zonas originalmente incluidas en el régimen de Zona Fría —la Patagonia, Malargüe y la Puna—, mientras que para las áreas incorporadas desde 2021 se restringirán los descuentos solo a hogares en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, el recorte impactaría a decenas de departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires (cerca de 100 localidades), Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Otro frente de conflicto con los gobernadores surge respecto al boleto de colectivos. Ante la misma necesidad de ajuste fiscal, la Secretaría de Transporte, a través de la resolución 40/2026 publicada el 1 de julio en el Boletín Oficial, reestructuró la Tarifa Social Federal que beneficia a unos 5,5 millones de usuarios del transporte público automotor en las provincias, subsidio que hasta ahora cubre el 55% del costo del boleto.
El esquema implementado hasta el momento implicaba que el Estado nacional absorbiera esa parte del valor del boleto pagada por jubilados, pensionados, titulares de planes sociales, excombatientes de Malvinas y personal de casas particulares. Sin embargo, cuando las provincias aplicaban aumentos tarifarios por su cuenta, se incrementaba también el monto que debía aportar la Nación para cubrir la diferencia.
Con la nueva resolución, se establecen como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio para calcular los subsidios, lo que implica que los gobernadores deberán asumir no solo el costo social derivado de las subas en las tarifas, sino también una parte proporcional de los subsidios.
Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, las ciudades argentinas con los boletos de colectivo más caros son Bariloche, Río Negro, con un costo de 2.046 pesos; Mar del Plata, Buenos Aires, con 1.922 pesos; Santa Fe, con 1.900 pesos; Corrientes, 1.890 pesos; y Resistencia, Chaco, 1.885 pesos.
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