Empoderada por las últimas victorias en el recinto y en medio de una fuerte crisis cambiaria, la oposición prepara lanzas en Diputados para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 y anticipa que exigirá la presencia del ministro de Luis «Toto» Caputo para que explique el plan de cuentas y las proyecciones para el próximo año, datos que generan interrogantes y tensiones en la previa a las elecciones de octubre.

El debate comenzará el próximo miércoles cuando la comisión de Presupuesto, a cargo del libertario José Luis Espert, se reúna para definir el cronograma de tratamiento del proyecto presentado por Javier Milei en cadena nacional y se acuerde la lista de funcionarios que serán convocados por los diputados. A Caputo podrían sumarse los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien maneja casi el 60 por ciento del presupuesto del Estado.
La discusión se da en un escenario de fuerte competencia electoral que tiene al oficialismo disminuido en el Congreso, sin el apoyo de los sectores dialoguistas y con la presión de los gobernadores que buscarán no sólo validar la ley de distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) -cuyo veto ya fue rechazado por el Senado y tendría el mismo resultado en la Cámara Baja- sino también la inclusión de la propuesta que hace coparticipable el impuesto a los Combustibles Líquidos, proyecto que quedó pendiente de tratamiento en Diputados.
Por lo pronto, los bloques que tienen representación en ambas cámaras buscarán trabajar en modo espejo para que al momento de tratarlo en el Senado no haya necesidad de hacer modificaciones y evitar así que vuelva a la cámara de origen. Como ya anticipó Clarín, la intención de la Casa Rosada es extender la discusión en comisión lo más posible con la intención postergar la votación hasta después de la asunción de la nueva conformación del Congreso a fin de contar con más bancas libertarias o aliadas.
En las filas del oficialismo se especula que las provincias ganarán poder en ambas Cámaras y es por eso que el Gobierno busca, a partir de la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, recuperar la relación con los gobernadores. Pero los datos que reflejan el proyecto enviado desde el Ministerio de Economía no son alentadores, al menos desde la mirada del peronismo.
El peronismo se prepara para la batalla por el presupuesto. Foto: Federico López Claro.
Los puntos que cuestiona el peronismo
Según un informe del CEPA, que tiene entre sus referentes a la diputada Julia Strada y que ya circuló entre los representantes de Unión por la Patria, la propuesta del Gobierno proyecta una caída de 39,1 % en las transferencias en concepto de coparticipación respecto de 2024 y de 36,7 % si se comparan con 2025 y si se mantiene la tendencia de giros a las provincias en el último trimestre del año.
Itai Hagman, diputado que responde a Juan Grabois, criticó el proyecto del Gobierno y advirtió que el equilibrio fiscal fue impuesto «para garantizar el pago de intereses ante los acreedores privados a costa del presupuesto de educación, salud, vivienda».
El bloque de Unión por la Patria anticipó que cuestionará los datos macreconómicos como la proyección de un crecimiento para 2025 de 5,4% y de 5,0% para 2026. Se basan en los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que estimó una recuperación de 4,4% para este año mientras que las consultoras privadas prevén un crecimiento de 3,6 %.
Otro dato que cuestionan desde la oposición es la proyección del dólar a $1.325 para diciembre de 2025 y de $1.423 hacia fines de 2026. Es que al superar esta semana los $1.500, la cotización de la divisa debería retroceder casi un 10 %. Por eso tampoco avalan una proyección inflacionaria de 10,1% como estimó el Gobierno.
Además cruzaron los dichos del Presidente al asegurar que el presupuesto de pensiones por discapacidad no aumentará sino que tendrá una merma de 13%, producto de la eliminación de 155.000 pensiones. Respecto al presupuesto universitario se mantiene en términos reales el de este año, que está 29% abajo respecto al de 2023 mientras que el gasto previsional va a crecer por el ajuste automático.
Otros de los puntos que generarán polémica son la derogación del financiamiento en educación (6%) y ciencia (1%), así como la eliminación de la movilidad de Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares, que cobran los trabajadores en relación de dependencia.
Sin embargo, en el radicalismo, que tiene entre sus referentes económicos al mendocino Lisandro Nieri, quien responde al gobernador Alfredo Cornejo, y Martín Tetaz, rescataron la sobriedad del proyecto del Gobierno como el objetivo del equilibrio fiscal. En esa bancada, que puede ser clave para el oficialismo, entienden que dada la dificultad económica del momento resulta «urgente» lograr una rápida aprobación del presupuesto.
No obstante, desde los sectores dialoguistas advierten que la falta de aprobación de un presupuesto en los dos últimos años hace más compleja la comparación de las partidas destinadas para cada área.
Por su parte, el radical Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) señaló que en la propuesta del Gobierno, «básicamente hay una profundización del ajuste que se quiso disfrazar en la presentación con anuncios de falsos aumentos que no son reales».
La oposición no quiere otro año sin presupuesto
Más allá de las diferencias sobre las proyecciones, todos los bloques coinciden en la necesidad de aprobar el presupuesto porque saben que un eventual rechazo habilitaría a Milei y a Caputo a disponer, con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de los recursos excedentes por encima de lo establecido en 2023, el último plan de cuentas aprobado por el Congreso, sin ajuste por inflación.
Lo cierto es que la discusión en comisión será áspera. El oficialismo cuenta 18 diputados entre propios y aliados, pero la mirada estará puesta en como decanta la interna del PRO, que según sus protagonistas no debería tener impacto en lo inmediato, tal vez después de las elecciones de octubre.
Interna a cielo abierto. La discusión entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato durante el debate sobre el veto a la ley Garrahan. Foto: Federico López Claro.
Si se dan esos números y el oficialismo suma las firmas de los representantes del MID, que se vienen diferenciando de los libertarios en las últimas votaciones, la Coalición Cívica y el apoyo de San Juan, después de la visita que Catalán le hizo al gobernador Marcelo Orrego, podría tener un mejor panorama.
La incorporación de algunas obras para Tucumán podría reactivar la relación con el gobernador Osvaldo Jaldo, quien tiene 3 votos que pueden ser clave si la propuesta llega al recinto.
Además, si acerca a los diputados de Innovación Federal, el bloque de un grupo de gobernadores, el Gobierno podría llegar a sacar un despacho de comisión con 24 firmas, pero aún así estaría debajo de la oposición dura, que entre el kirchnerismo, Encuentro Federal, la izquierda y Democracia para Siempre tendrían 25 apoyos. Así la propuesta llegaría con final abierto al recinto, donde ya jugarán otros bloques independientes.